El presente Decreto aprueba el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018 - 2021, y la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción a través de la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros se encargará de realizar su seguimiento, monitoreo y evaluación. El Plan tiene, entre otros, los siguientes objetivos: 1) Garantizar la transparencia y el acceso a la información pública en las entidades del Estado; 2) Consolidar una gestión de información integrada para la prevención de la corrupción en la administración pública; 3) Consolidar una gestión de información integrada para la prevención de la corrupción en la administración pública; 4) Fortalecer la gestión de riesgos al interior de cada entidad pública; 5) Reforzar el sistema de justicia penal; 6) Fortalecer los mecanismos para recuperación de activos y perdida de dominio ante delitos agravados contra la Administración Pública. El presente Plan se articula en dos líneas de acción prioritarias para el desarrollo de la nueva estrategia de integridad y de lucha contra la corrupción; a) La primera de estas se relaciona a la profundización de acciones en el ámbito subnacional en consideración a que en los últimos años se han incrementado los casos de corrupción en Gobiernos Regionales y Locales; b) La segunda línea de acción prioritaria es la prevención; considerando que el enfoque punitivo, si bien corrige una situación irregular, no asegura el establecimiento de condiciones estructurales que a mediano y largo plazo permitan reducir la incidencia de dichas irregularidades. Resulta por tanto necesario implementar estructuras organizacionales y entornos laborales que permitan desarrollar una institucionalidad sólida que proteja al Estado frente a coyunturas adversas originadas por personas inescrupulosas y carentes de vocación de servicio público que por una u otra razón acceden a una posición pública. En ese sentido, gran importancia cobra el fortalecimiento del servicio civil basado fundamentalmente en la meritocracia, en la igualdad de oportunidades, en el interés general, la transparencia, la probidad y en la rendición de cuentas de la gestión.
بيرو · 2018-04-25