El presente Plan Marco de Implementación del Acuerdo Final (PMI) ha sido elaborado por el Gobierno de Colombia, y discutido y aprobado por la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación del Acuerdo Final (CSIVI), en cumplimiento de las disposiciones del Punto 6.1.1 del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, suscrito entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC- EP) el 24 de noviembre de 2016, y refrendado por el Congreso de la República el 2 de diciembre del mismo año. El documento contiene el conjunto de pilares, estrategias, productos, metas trazadoras e indicadores necesarios para la implementación del Acuerdo Final, organizados por cada punto del mismo, incluyendo los capítulos sobre enfoques de género y étnico. De igual forma, el PMI contiene los aspectos relacionados con la focalización territorial, una sección de estimación indicativa de los costos de implementación y sus fuentes de financiamiento; una sección sobre compromisos de las FARC-EP o del partido o movimiento político que surja de su tránsito a la vida política legal; y finalmente, unas recomendaciones para ser tomadas en cuenta en la implementación del Acuerdo Final. El Plan busca contribuir a eliminar el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición. El Acuerdo Final contempla un Sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación. Se establecen las siguientes Estrategias, que serán lideradas por Prosperidad Social: (1) Estrategia de diseño institucional de los Consejos de Alimentación y Nutrición; (2) Estrategia de acceso y consumo de alimentos de calidad nutricional y en cantidad suficiente (adecuación); (3) Estrategia de producción y comercialización de alimentos. Uno de los componentes del Plan está dedicado a la reforma rural integral. Más específicamente, el Capítulo I del documento define metas, estrategias e indicadores para la implementación del Acuerdo Final en lo relativo a la reforma rural: “Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral”. Se busca hacer que la agricultura sea más productiva y sostenible. El Plan de "Producción agropecuaria, economía solidaria y cooperativa y formalización laboral" articula una apuesta multisectorial que parte del estímulo a diferentes formas asociativas de trabajo basadas en la solidaridad y la cooperación, y que promueven la autonomía económica y la capacidad organizativa, con el objetivo de fortalecer las capacidades productivas de la economía campesina, familiar y comunitaria para desarrollar sus proyectos productivos y estimular procesos de innovación tecnológica y garantizar la protección social, el trabajo digno, y los derechos de los trabajadores y trabajadoras del campo. Para cumplir con el objetivo planteado, se implementarán las siguientes estrategias: a) Estrategia de economía solidaria y cooperativa; b) Estrategia de asistencia integral e innovación tecnológica; c) Estrategia de capital semilla; d) Estrategia de acceso a financiamiento; e) Estrategia de aseguramiento y normalización de cartera; f) Estrategia de mercadeo; g) Estrategia de erradicación del trabajo infantil; h) Estrategia de protección social rural; i) Estrategia de formalización y empleo rural. La reducción de la pobreza rural es uno de los pilares del Plan. La Reforma Rural Integral (RRI) orientada a reversar los efectos del conflicto y garantizar la sostenibilidad de la paz, en este sentido, busca aumentar el bienestar de los habitantes rurales, impulsar la integración de las regiones y el desarrollo social y económico, promoviendo oportunidades para la ruralidad colombiana, especialmente para las poblaciones más afectadas por el conflicto armado y la pobreza. La RRI busca además integrar las regiones, contribuir a erradicar la pobreza, promover la igualdad y asegurar el pleno disfrute de los derechos de la ciudadanía. La RRI tiene alcance nacional, si bien su implementación se pondrá en marcha de forma progresiva iniciando por aquellos municipios con alta afectación por conflicto armado, debilidad institucional, elevados niveles de pobreza y presencia de cultivos de uso ilícito, en los términos establecidos en el Acuerdo Final. La pobreza rural es abordada desde las siguientes tres problemáticas: (1) las deficiencias en acceso y formalización de la propiedad rural y el ordenamiento territorial, (2) los déficits en provisión de bienes y servicios públicos y, (3) la debilidad en materia de producción y comercialización. Se contemplan medidas y acciones tales como: tierras entregadas a través del Fondo de tierras; hectáreas formalizadas garantizando la gratuidad de la formalización de la pequeña propiedad rural y medidas específicas para las mujeres rurales; servicios de atención integral a la primera infancia en zona rural. Los Planes Nacionales tienen como objetivo la superación de la pobreza y el cierre de brechas entre el campo y la ciudad. Se fomentan sistemas agrícolas y alimentarios integradores y eficientes. La Estrategia de acceso a la tierra busca lograr la democratización del acceso a la tierra, en beneficio de los campesinos y de manera especial las campesinas sin tierra o con tierra insuficiente y de las comunidades rurales más afectadas por la miseria, el abandono y el conflicto, regularizando los derechos de propiedad y en consecuencia desconcentrando y promoviendo una distribución equitativa de la tierra. Por otro lado, la Estrategia de uso del suelo y gestión catastral tiene por objetivo: (1) contribuir en la regularización y protección de los derechos de propiedad, promover el uso adecuado de la tierra, mejorar su planificación y ordenamiento, prevenir y mitigar los conflictos de uso y tenencia; (2) propiciar el uso adecuado, productivo y sostenible de la tierra y; (3) delimitar la frontera agrícola, proteger las áreas de especial interés ambiental y generar, para la población que colinda con ellas o que las ocupan, alternativas equilibradas entre medio ambiente y bienestar y buen vivir. Cabe señalar que el capítulo para la transversalización del enfoque de género en la implementación del Acuerdo Final identifica las medidas para garantizar los derechos de las mujeres, el reconocimiento como ciudadanas autónomas, sujetos de derechos que, independientemente de su estado civil, relación familiar o comunitaria, tienen acceso en condiciones de igualdad con respecto a los hombres a la propiedad de la tierra y proyectos productivos, opciones de financiamiento, infraestructura, servicios técnicos y formación, entre otros; atendiendo las condiciones sociales e institucionales que han impedido a las mujeres acceder a activos productivos y bienes públicos y sociales.
Colombia · 2016-01-01