Esta ley tiene como objetivo principal dar un impulso específico a dos tipos de cooperativas de pequeño tamaño o con especial arraigo en el medio rural: las microempresas cooperativas y las cooperativas rurales. La norma nace para simplificar y adaptar la legislación a estas entidades, que hasta entonces tenían una regulación muy escasa en la Ley General de Cooperativas de la región. Por un lado, regula la microempresa cooperativa, pensada para iniciativas de muy reducido tamaño (de 2 a 10 socios), pertenecientes a las clases de trabajo asociado o explotación comunitaria de la tierra. Para estas, la ley establece un régimen ágil: simplifica los trámites de constitución, permite contratar trabajadores no socios sin límite durante los primeros siete años, flexibiliza la gestión de los órganos sociales (como la asamblea o el consejo rector) y adapta el régimen económico (capital mínimo de 3.000 euros y distribución de resultados) a su pequeña escala. Por otro lado, crea la figura de la cooperativa rural, dirigida a municipios de menos de 15.000 habitantes. Su rasgo distintivo es la multiactividad: debe desarrollar al menos dos actividades económicas o sociales diferentes (como agroalimentarias, turismo rural, servicios asistenciales, energías renovables, etc.). Además, puede operar libremente con terceros no socios y organiza su gestión en secciones independientes para cada actividad. Finalmente, la ley modifica puntualmente la Ley General de Cooperativas (Ley 11/2010) para simplificar procedimientos administrativos, aclarar aspectos sobre la renovación de cargos, la gestión de fondos y la disolución simultánea de cooperativas, así como para introducir criterios de preferencia en contratación pública para cooperativas de iniciativa social.
Spain · 2017-11-30