La presente Ley, considerando que se hace necesario adecuar la legislación penal en materia de corrupción al contexto de falta de efectividad del Estado para perseguir dichos delitos, introduce reformas al Código Penal (Decreto Nº 17-73), a la Ley Contra la Delincuencia Organizada (Decreto Nº 21-2006, y a la Ley de Extinción de Dominio (Decreto Nº 55-2010). Las reformas se refieren, entre otras, a: la responsabilidad penal de funcionarios públicos y personas jurídicas, la destrucción de registros informáticos y el uso de la información, el abuso de autoridad, el cohecho activo y pasivo, malversación y enriquecimiento ilícito, y el cobro ilegal de comisiones.
Guatemala · 2012-11-20