Esta ley, promulgada en 2008 y actualizada hasta 2025, establece el marco jurídico para la protección, conservación y gestión de los montes en la región. Su objetivo principal es asegurar una gestión forestal sostenible que combine la conservación de los valores naturales con el desarrollo económico y social del medio rural, reconociendo la importancia de los montes no solo por su extensión (más del 44% del territorio regional), sino también por su papel en la prevención de la erosión, la regulación del ciclo hidrológico, la lucha contra el cambio climático y la generación de empleo. La ley clasifica los montes según su titularidad (públicos o privados) y su régimen de uso, destacando los montes de utilidad pública, que forman parte del dominio público forestal y son inalienables, imprescriptibles e inembargables. También crea categorías especiales como los montes protectores (con funciones clave para el suelo y el agua) y los montes singulares (por su valor ecológico, paisajístico o cultural), que gozan de un régimen de protección específico y prioridad en las ayudas públicas. En materia de gestión, la ley introduce instrumentos de planificación como el Plan Forestal de Castilla-La Mancha y los Planes de Ordenación de los Recursos Forestales (PORF), que sirven como marco comarcal para ordenar el territorio. A nivel de cada monte, se exigen instrumentos de gestión como proyectos de ordenación o planes dasocráticos, especialmente en los montes con masas arbóreas de más de 100 hectáreas o en aquellos bajo régimen especial. Uno de los capítulos más destacados es el dedicado a la lucha contra los incendios forestales. La ley establece medidas preventivas, campañas de concienciación, la figura del director técnico de extinción como agente de la autoridad, y sanciones severas para quienes provoquen incendios. Además, prohíbe durante 30 años cambiar el uso forestal de los terrenos quemados, obligando a su restauración. El texto también regula los usos y aprovechamientos del monte, el régimen de autorizaciones, la investigación, la formación, y crea un sistema de incentivos económicos para promover la gestión sostenible. Finalmente, establece un régimen sancionador que tipifica las infracciones (leves, graves y muy graves) con multas que pueden alcanzar hasta el millón de euros, además de la obligación de reparar los daños causados y la posibilidad de sanciones accesorias como la revocación de licencias.
西班牙 · 2008-06-12