El Plan Nacional de Pueblos Indígenas 2020-2030 (PNPI), aprobado por decreto del Poder Ejecutivo, es el primer marco estratégico nacional construido conjuntamente entre el Estado y los pueblos indígenas para coordinar políticas de garantía de derechos. Se fundamenta en los artículos 62 a 65 de la Constitución, el Convenio 169 de la OIT, las declaraciones de la ONU y de la OEA sobre derechos indígenas, la Ley N.º 904/1981 y la normativa sobre consulta y consentimiento libre, previo e informado. Fue elaborado entre 2015 y 2020 por un Equipo Impulsor integrado por el INDI, diversas instituciones estatales y organizaciones indígenas, con apoyo internacional. Entre 2017 y 2020 se realizaron 18 jornadas regionales, un encuentro de organizaciones indígenas y otro de mujeres y jóvenes, con la participación de más de mil representantes de los 19 pueblos indígenas; el texto fue finalmente validado en cuatro consultas nacionales. El decreto dispone su difusión, encomienda al INDI la rectoría de su implementación y exige a las instituciones públicas adoptar las medidas necesarias dentro de sus competencias. El diagnóstico estima una población indígena de 117.150 personas, perteneciente a 19 pueblos y cinco familias lingüísticas, con lenguas, instituciones y conocimientos propios. El 52 % vive en la Región Oriental, el 48 % en la Occidental y más del 91 % reside en zonas rurales. El Plan evidencia graves desigualdades estructurales: 134 de 493 comunidades carecían de tierra propia y 14 no tenían título; el analfabetismo alcanzaba al 37,6 % de los mayores de quince años, el promedio educativo era de 3,3 años, solo el 31,2 % de las viviendas tenía electricidad y el 15,1 % agua corriente, mientras que el 61 % de la población vivía en pobreza y el 36 % en pobreza extrema. Frente a esta situación, el PNPI adopta como horizonte el Buen Vivir, la libre determinación, la interculturalidad, la igualdad, la participación, la territorialidad y el respeto de las formas propias de organización y conocimiento. Sus cuatro áreas estratégicas son el fortalecimiento de las formas de ser indígena y sus cosmovisiones, la garantía de derechos, el acceso a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y la atención a grupos especialmente vulnerables. Las acciones previstas incluyen, entre otras, la recuperación, ampliación, demarcación y titulación de tierras y territorios; la protección de recursos naturales, bosques, aguas y biodiversidad; la promoción de un sistema de soberanía alimentaria pertinente y estable en cada comunidad indígena; garantizar el derecho a la alimentación adecuada de las personas indígenas;la prevención de desalojos, invasiones y explotación inconsulta; y el reconocimiento de autoridades, lenguas, espiritualidades, patrimonio cultural y sistemas normativos propios. El Plan también propone servicios interculturales de salud, educación, alimentación, agua, saneamiento, vivienda, energía, conectividad y protección social; apoyo a la producción comunitaria, agricultura, artesanía y turismo; acceso a la justicia con intérpretes; y medidas específicas para mujeres, niños, jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad, población urbana y pueblos en aislamiento voluntario. La gobernanza estará encabezada por el INDI, con coordinación interinstitucional y participación indígena, integración del PNPI en los planes nacionales, departamentales y municipales, indicadores de seguimiento, informes públicos anuales y evaluaciones periódicas. Asimismo, deberá existir un presupuesto específico, identificable en cada institución y protegido frente a reducciones o reprogramaciones que comprometan el cumplimiento del Plan.
巴拉圭 · 2021-08-25